Compliance penal para asociaciones cannábicas y empresas de CBD
Programas de prevención de delitos (art. 31 bis del Código Penal) para clubes sociales de cannabis, tiendas y empresas de CBD y cáñamo, diseñados por abogados penalistas especializados en cannabis.
Nuestro servicio de compliance penal cannabis ayuda a asociaciones cannábicas y empresas de CBD a prevenir delitos y a poder demostrarlo si llega una investigación. El Código Penal permite condenar a la propia persona jurídica, también a una asociación, por delitos de tráfico de drogas (artículo 369 bis), y la vía para quedar exenta o reducir la pena es haber implantado antes un modelo de prevención eficaz (artículo 31 bis). Llevamos 14 años defendiendo al sector del cannabis: sabemos dónde se abren las causas y diseñamos el programa para cerrar esos riesgos.
Resumen rápido
- Una asociación cannábica es una persona jurídica: puede ser investigada y condenada como tal, además de sus directivos.
- El artículo 369 bis del Código Penal prevé para la persona jurídica multas de hasta el quíntuple del valor de la droga y otras penas, como la suspensión de actividades, la clausura de locales o la disolución.
- Un modelo de prevención adoptado antes del delito y ejecutado con eficacia puede eximir de responsabilidad; si se implanta después, puede atenuarla.
- Lo diseñamos a medida: mapa de riesgos, protocolos de socios, dispensación y stock, compliance de producto CBD, formación, responsable de cumplimiento y canal interno.
Qué hacemos
Qué incluye nuestro programa de compliance penal
Mapa de riesgos penales
Analizamos cómo funciona realmente tu club o tu empresa e identificamos las actividades en las que podría cometerse un delito: tráfico de drogas, blanqueo, delitos contra la salud pública, fiscales o laborales.
Protocolos de socios, dispensación y stock
Para clubes: admisión de socios, previsión de consumo, registros de retirada, control del cultivo y del stock, gestión del efectivo y protocolo ante inspecciones.
Compliance de producto CBD
Para empresas de CBD y cáñamo: clasificación de cada producto, límites de THC, etiquetado, nuevos alimentos, cosméticos, proveedores y certificados de análisis.
Formación
Formamos a la junta directiva, a los responsables de dispensación o de tienda y al personal para que sepan qué pueden hacer, qué no y cómo actuar ante una incidencia.
Responsable de cumplimiento y canal interno
Te ayudamos a designar al compliance officer u órgano de supervisión y a montar un canal interno de información adaptado a tu tamaño.
Revisión periódica
Revisamos el programa cuando cambia la ley, la actividad o la estructura, y cuando se detecta un incumplimiento relevante, como exige el propio Código Penal.
Responsabilidad penal de asociaciones cannábicas y empresas de CBD
Desde 2010 el Código Penal español admite la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Según el artículo 31 bis, una entidad responde por los delitos que cometan en su nombre y en su beneficio sus administradores o representantes, y también por los que cometan sus empleados o colaboradores cuando la entidad no ha ejercido el debido control sobre ellos. Solo quedan fuera las administraciones y entidades públicas (artículo 31 quinquies), así que una asociación cannábica sin ánimo de lucro también es una persona jurídica a estos efectos, igual que una sociedad limitada que vende CBD.
No todos los delitos generan responsabilidad de la persona jurídica, pero los que más preocupan al sector sí: el artículo 369 bis la prevé para los delitos de tráfico de drogas de los artículos 368 y 369. Las penas son multas calculadas en años o sobre el valor de la droga, que pueden llegar al quíntuple de ese valor, y el juez puede imponer además la disolución, la suspensión de actividades, la clausura de locales o la prohibición de realizar ciertas actividades. El Tribunal Supremo condenó por primera vez a empresas en un caso de tráfico de drogas en la sentencia 154/2016, de 29 de febrero, y desde entonces subraya la importancia de una cultura de cumplimiento dentro de la entidad.
Qué exige la ley a un modelo de prevención
El artículo 31 bis.5 fija los requisitos mínimos de un modelo de organización y gestión. Un programa de compliance válido debe:
- Identificar las actividades en cuyo ámbito pueden cometerse los delitos que hay que prevenir.
- Establecer protocolos o procedimientos sobre cómo se toman y ejecutan las decisiones.
- Disponer de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir delitos.
- Imponer la obligación de informar de riesgos e incumplimientos al órgano que vigila el modelo.
- Establecer un sistema disciplinario que sancione el incumplimiento de las medidas.
- Verificarse periódicamente y modificarse cuando haya infracciones relevantes o cambios en la organización o la actividad.
La Fiscalía General del Estado explica cómo valora estos modelos en su Circular 1/2016: lo que cuenta es que el programa se aplique de verdad, no que exista sobre el papel.
Prevención de riesgos penales en un club cannábico
En una asociación cannábica, el compliance penal tiene una función muy concreta: que el club funcione dentro de los criterios del consumo compartido fijados por el Tribunal Supremo y que pueda demostrarlo con documentos. Un programa de compliance no convierte en legal una actividad que no lo es, pero sí ordena el funcionamiento diario y deja rastro de cada decisión. Los protocolos que solemos preparar son:
- Admisión de socios: criterios por escrito (mayoría de edad, condición previa de consumidor, forma de acceso sin captación ni publicidad) y comprobación documentada.
- Previsión de consumo y dispensación: cantidades previstas por socio, registro de cada retirada, consumo en el local y medidas ante retiradas anómalas.
- Cultivo y stock: trazabilidad desde la planta hasta la dispensación, inventarios periódicos y gestión de excedentes y mermas.
- Dinero: cuotas, aportaciones y pagos con justificantes, límites al efectivo y cuentas que reflejen la ausencia de ánimo de lucro.
- Inspecciones y registros: qué hacer si llega la policía o un inspector, a quién llamar y qué documentación entregar.
- Régimen disciplinario: sanciones internas, hasta la expulsión, para el socio que revende o saca cannabis del club.
Este trabajo encaja con nuestro servicio de abogados para asociaciones cannábicas y con el asesoramiento mensual para asociaciones cannábicas, que permite mantener el programa al día.
Compliance para empresas de CBD y cáñamo
En una tienda, marca o distribuidora de CBD el riesgo penal más grave aparece cuando un producto se considera estupefaciente o sustancia fiscalizada. Por eso el compliance para empresas de CBD une la prevención penal con el cumplimiento de producto:
- Límites de THC: el 0,3 % se refiere al cultivo de variedades certificadas de cáñamo; los alimentos de semilla de cáñamo tienen sus propios límites en el Reglamento (UE) 2023/915, y las flores son el producto de mayor riesgo.
- Nuevos alimentos: el CBD para ingerir sigue sin estar autorizado como nuevo alimento en la UE (Reglamento (UE) 2015/2283).
- Cosméticos: notificación en el portal CPNP, persona responsable, expediente de seguridad y CBD de una fuente admitida (Reglamento (CE) 1223/2009).
- Etiquetado y publicidad: etiquetas en castellano adaptadas a la categoría del producto y sin alegaciones de salud.
- Sustancias prohibidas: control de fórmulas y proveedores para no vender HHC ni otros cannabinoides fiscalizados por la Orden SND/380/2025.
- Proveedores: contratos y certificados de análisis por lote de laboratorio acreditado.
Si quieres el mapa completo de normas que afectan al sector, lo explicamos en nuestra guía de cumplimiento normativo en cannabis y CBD. Si estás empezando, revisa también cómo montar una tienda de CBD.
Canal interno de información: ¿es obligatorio?
La Ley 2/2023, de protección de las personas que informen sobre infracciones obliga a tener un sistema interno de información a las entidades privadas con 50 o más trabajadores y a algunas de sectores regulados con independencia de su plantilla. La mayoría de clubes y tiendas de CBD no llegan a ese umbral, por lo que la ley no les obliga, aunque pueden crear su canal de forma voluntaria cumpliendo sus requisitos. Aun así, el artículo 31 bis exige que el modelo de prevención imponga la obligación de informar de riesgos e incumplimientos, de modo que un canal sencillo y confidencial es recomendable para cualquier entidad que quiera un programa sólido. Si tu empresa sí está obligada, te ayudamos a designar al responsable del sistema y a cumplir los plazos y garantías de la ley.
Cómo te ayuda el compliance si hay una investigación
Si se abre un procedimiento penal, un programa implantado antes de los hechos y aplicado con eficacia es la base para pedir que la persona jurídica quede exenta de responsabilidad (artículo 31 bis, apartados 2 y 4). Si se implanta después, pero antes del juicio oral, puede actuar como atenuante (artículo 31 quater). Además, los registros de socios, dispensación, stock y producto son la prueba documental que necesita la defensa para acreditar cómo funcionaba realmente la entidad. Cuando hay una investigación coordinamos el programa con nuestro servicio de defensa legal en casos de cannabis.
Cómo trabajamos
- Diagnóstico: entrevistas con la junta o la dirección y revisión de estatutos, registros, contratos y catálogo.
- Mapa de riesgos: informe con los riesgos detectados y las prioridades.
- Protocolos y código de conducta: redactados para tu funcionamiento real, no plantillas genéricas.
- Implantación y formación: sesiones con directivos y personal, con registro de asistencia.
- Supervisión y canal: designación del responsable de cumplimiento y puesta en marcha del canal interno.
- Revisión: actualización periódica y ante cambios legales o de actividad.
Llevamos 14 años trabajando con asociaciones cannábicas y empresas del sector. Te atendemos en español, inglés, alemán, italiano, francés, neerlandés y portugués, nos desplazamos a cualquier punto de España y trabajamos también por videollamada.
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¿Quieres implantar un programa de compliance penal?
Cuéntanos cómo funciona tu asociación o tu empresa y te explicamos qué necesitas. Llámanos al 919 532 802 o haz tu consulta online.
Lo que dicen nuestros clientes
Solo tengo palabras de agradecimiento para esta empresa, me acompañaron todo el proceso de manera muy cercana, siempre disponibles. Al final del proceso el resultado fue muy positivo para mí. Silvia fue la letrada que me llevó todo y el trato no pudo ser mejor. Muchísimas graciasMuy buena experiencia. Trato cercano y profesional desde el primer momento, resolvieron todas mis dudas con claridad y me hicieron sentir acompañada durante todo el proceso. Se nota que saben lo que hacen. Totalmente recomendables.Más de 10 años de experiencia con este bufete. Profesionales, cercanos y con un gran conocimiento de la legislación sobre cannabis. Sin duda, muy recomendables.Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes sobre compliance penal en cannabis
¿Una asociación cannábica puede tener responsabilidad penal?
Sí. Es una persona jurídica y el artículo 369 bis del Código Penal prevé penas para las personas jurídicas por tráfico de drogas, además de la responsabilidad de los directivos que hayan intervenido.
¿Es obligatorio tener un programa de compliance penal?
El Código Penal no lo impone con carácter general, pero es la vía para que la entidad quede exenta o vea reducida su responsabilidad. El canal interno de la Ley 2/2023 sí es obligatorio a partir de 50 trabajadores.
¿Qué diferencia hay entre compliance penal y cumplimiento normativo de producto?
El compliance penal previene delitos de la entidad; el cumplimiento de producto asegura que cada artículo de CBD cumple su normativa de alimentos, cosméticos o cáñamo. En una empresa de CBD conviene trabajar ambos a la vez.
¿El compliance garantiza que no cierren el club?
No. Ningún programa garantiza un resultado, ni legaliza una actividad que exceda el consumo compartido. Reduce el riesgo y aporta la prueba documental de que la entidad funcionaba con control.
¿Cada cuánto hay que revisar el programa?
De forma periódica, y siempre que se detecte un incumplimiento relevante o cambien la organización, el control o la actividad, como exige el artículo 31 bis.5 del Código Penal.