El Ministerio de Sanidad, a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), ha iniciado una consulta pública previa para la modificación del Real Decreto 2829/1977, el cual regula las sustancias y preparados psicotrópicos e impone medidas de control y sanciones penales.
La propuesta de modificación contempla la inclusión de nuevas sustancias en las listas de control, destacando diversos cannabinoides aún no fiscalizados y otros compuestos psicoactivos. Esta estrategia de la AEMPS para fiscalizar sustancias emergentes en el mercado suscita una pregunta esencial:
¿Es la fiscalización la herramienta más adecuada para abordar este problema?
Un periodo de consulta problemático: plena Navidad
El periodo de consulta pública se abrió el 20 de diciembre de 2024 y finalizará el 7 de enero de 2025, coincidiendo casi por completo con las festividades navideñas. Este calendario dificulta la participación de pequeñas empresas, organizaciones de consumidores y demás actores interesados, quienes apenas disponen de tiempo para analizar la propuesta y presentar aportaciones significativas.
Lejos de fomentar la transparencia y el diálogo, el momento elegido para la consulta sugiere la intención de llevar a cabo la medida casi sin que el público repare en ella, limitando el impacto de las opiniones ciudadanas.
El contenido de la consulta pública
De acuerdo con el texto oficial, la iniciativa pretende incorporar nuevas sustancias al Anexo I del Real Decreto 2829/1977, cumpliendo así los compromisos adquiridos en el Convenio de Sustancias Psicotrópicas de 1971 de las Naciones Unidas. Dichas sustancias han sido sometidas a control internacional por decisión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU.
Los objetivos de la actualización son:
- Prevenir el tráfico ilícito y el consumo de nuevas sustancias psicoactivas.
- Proteger la salud pública frente a los riesgos asociados.
- Adecuar la normativa nacional a los estándares internacionales.
La consulta pública detalla además:
- Antecedentes de la norma: La necesidad de cumplir con las obligaciones internacionales.
- Problemas que pretende solucionar: Combatir el tráfico ilícito y mejorar el control.
- Objetivos de la norma: Proteger la salud pública mediante la fiscalización de nuevas sustancias.
- Soluciones alternativas: No se plantean otras regulaciones distintas a la fiscalización.
Resulta preocupante que no se proponga ninguna alternativa a la prohibición. Esta falta de opciones sugiere un mero trámite formal y confirma la percepción de que la fecha elegida para la convocatoria busca reducir la participación y legitimar decisiones ya tomadas.
La lista de sustancias propuestas
La consulta pública incluye una amplia variedad de compuestos que la AEMPS pretende incorporar a las listas de sustancias fiscalizadas. Entre ellos, destacan los cannabinoides sintéticos comercializados amparados en un vacío legal, así como otras sustancias psicoactivas de estatus similar que han irrumpido en el mercado internacional.
Cannabinoides no fiscalizados
- Hexahidrocannabinol (HHC)
- Acetato de hexahidrocannabinol (HHC-O)
- Hexahidrocannabiforol (HHCP)
- Acetato de hexahidrocannabiforol (HHCP-O)
- Delta-8-tetrahidrocannabiforol (Delta-8-THCP)
- Tetrahidrocannabiforol (Delta-9-THCP)
- Acetato de tetrahidrocannabiforol (THCP-O)
- Acetato de tetrahidrocannabinol (THC-O)
- Delta-8-tetrahidrocannabinol-C8 (Delta-8-THC-C8)
- Delta-9-tetrahidrocannabinol-C8 (Delta-9-THC-C8)
- Hidrocannabidiol (H4-CBD)
- Ácido tetrahidrocannabinólico (Delta-9-THCA)
Otras sustancias psicoactivas
- Dipentilona (bk-DMBDP)
- 2-Fluorodescloroketamina (2-FDCK)
- Bromazolam
Impacto en el sector del CBD y la distribución online
La incorporación de cannabinoides como HHC y sus derivados a las listas de sustancias fiscalizadas afectará directamente a los comercios de CBD y las plataformas de venta online, que hasta ahora operaban en un vacío legal. De aprobarse, la medida expondría a estos negocios a riesgos penales considerables.
Además de restringir la oferta de productos, esta decisión criminalizaría las actividades de pequeños comerciantes y distribuidores que han invertido en el desarrollo de un mercado legal y accesible. Consecuentemente, se ponen en peligro miles de empleos y se priva a los consumidores de un acceso regulado a productos muy demandados.
¿Es la fiscalización la solución?
El enfoque prohibicionista crea un ciclo de fiscalización que omite las raíces del problema. En lugar de desaparecer del mercado, estas sustancias se trasladan al ámbito ilícito, donde:
- No existen estándares de calidad ni seguridad.
- Los consumidores están más expuestos a riesgos.
- El mercado negro prospera sin control.
Una estrategia reactiva y obsoleta
La AEMPS y el Ministerio de Sanidad presentan estas medidas como esenciales para proteger la salud pública. Sin embargo, el modelo prohibicionista beneficia principalmente a:
- Grandes empresas farmacéuticas, que concentran el mercado de sustancias reguladas.
- Laboratorios químicos, estimulados financieramente para crear nuevas variantes no fiscalizadas.
Mientras tanto, los consumidores y pequeños empresarios quedan desprotegidos ante una normativa confusa y restrictiva.
¿Qué alternativas existen?
Un modelo de regulación integral resultaría más eficaz para abordar este problema. En lugar de perseguir cada nueva sustancia, se podría:
- Establecer estándares de calidad y seguridad para todas las sustancias psicoactivas.
- Fomentar la investigación científica para comprender mejor sus efectos.
- Regular la producción y distribución dentro de un marco legal claro.
- Combatir el mercado negro ofreciendo productos legales y controlados.
El ciclo sin fin: nuevas prohibiciones, nuevas sustancias
Tras cada prohibición, surgen nuevos cannabinoides y compuestos psicoactivos que quedan fuera de la lista, perpetuando el ciclo de la fiscalización. Este fenómeno prueba que la estrategia prohibicionista, lejos de solventar el problema, lo agrava, empujando a las sustancias al ámbito clandestino y dejando a los consumidores sin protección.
Regular, no prohibir
La consulta pública de la AEMPS evidencia una vez más la urgencia de cambiar de paradigma. La prohibición no acaba con estas sustancias ni soluciona sus problemáticas asociadas; solo desplaza el riesgo hacia la ilegalidad.
Adoptar un modelo regulatorio moderno, transparente y adaptado a la realidad actual permitiría proteger la salud de los consumidores, salvaguardar a los pequeños comerciantes y combatir el mercado negro con mayor efectividad. Mientras no se avance en esta dirección, la lista de sustancias fiscalizadas seguirá creciendo sin que se resuelvan los problemas de fondo.
La estrategia en curso, centrada en el control, poco contribuye a una solución real. Ha llegado el momento de apostar por una regulación integral que aborde la complejidad del fenómeno y proteja tanto la salud pública como la libre competencia.
En última instancia, la aparición y cada vez mayor popularidad de estos cannabinoides no fiscalizados no es más que una reacción directa a la absurda e injustificada prohibición del cannabis. Al cerrarse las vías legales de acceso y regularización de la planta y sus derivados, se propicia el desarrollo de nuevas fórmulas que, lejos de eliminarse del mercado, terminan proliferando en la clandestinidad.