La madrugada del pasado miércoles 11 de noviembre, además de elegir presidente, los estadounidenses decidían regular el consumo del cannabis con fines recreativos en los estados de Arizona, Nueva Jersey, Mississippi, Montana y Dakota del Sur; sumándose a la gran mayoría de estados del país en los que, desde hace años, el uso del cannabis ya está normalizado.
Esta es solo una de las últimas batallas ganadas por la regulación del cannabis en los últimos tiempos, en los cuáles países como Canadá, la gran mayoría de Estados Unidos, Uruguay, Colombia, Alemania, Israel, México, Argentina, Italia, Líbano o Ecuador entre muchos otros, han avanzado en la normalización de la sustancia, ya sea para consumo medicinal o recreativo.
Una Regulación Imparable
Nos encontramos de este modo en un contexto internacional de regulación del consumo de cannabis y de grandes avances en los derechos y libertades de las usuarias de la planta, donde cada día más países deciden sumarse a un prometedor mercado que, según las consultoras financieras, ostenta un valor de miles de millones de euros.
Los más esperanzadores augurios pronostican el principio del fin del mercado negro de la planta, el fin del dolor para enfermos sin posibilidad de acceso al cannabis medicinal, miles de nuevos empleos ante el desarrollo de una nueva industria, y millones de euros para las economías nacionales en recaudación de impuestos.
Cabría esperar que un país como España con unas condiciones idóneas para el cultivo del cannabis y en el que existen más de 4 millones de usuarios habituales, además de extensos entornos rurales necesitados de una nueva industria ecológica y en el que nos caracterizamos por ser uno de los países pioneros en la proliferación de las llamadas ‘asociaciones cannábicas’, nos sumáramos a esta nueva ola de normalización legislativa. Sin embargo, mientras el resto del mundo toma la delantera, nuestro país ha decidido quedarse rezagado, manteniéndose al margen de la oportunidad que ofrece regular el cannabis a nivel social y económico.
En los últimos años, las autoridades han emprendido una incomprensible represión contra las asociaciones cannábicas, (entidades sin ánimo de lucro que pretenden el autoabastecimiento de sus asociados, quienes evitan tener que recurrir a los mercados informales para abastecerse), que recuerda a las felizmente superadas absurdas redadas durante la ley seca en Estados Unidos.
Cada día es habitual encontrar en la prensa informaciones sobre intervenciones policiales en alguna asociación o cultivo de cannabis en nuestro país. Si se repasan los titulares de los medios online, ‘intervención’, ‘desmantelamiento’, ‘incautación’ o ‘detenidos’ son las palabras más utilizadas asociadas a la actualidad del cannabis.
Albert Tió, activista cannábico
Uno de los casos más sonados en Catalunya y España es el de Albert Tió, destacado activista del movimiento asociativo, y presidente de la Federación de Asociaciones Cannábicas Autorreguladas de Catalunya (FedCAC), una de las organizaciones que junto con la Federación Catalana de Asociaciones Cannábicas (CatFAC), impulsaron la ley de clubes cannábicos aprobada por Catalunya en 2017, posteriormente anulada por el Tribunal Constitucional.
La asociación cannabica ‘AIRAM’ de la que Albert formaba parte de su junta directiva, fue intervenida, confiscando la policía el cultivo con el que sus asociados se abastecían. Posteriormente, fue condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona y la sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo, siendo condenado en firme junto con otros miembros de AIRAM, por asociación ilícita y delitos contra la salud pública.
El 18 de noviembre, Tió, con dos hijos de cuatro y cinco años y una hija de dieciséis, entró en la prisión de Lledoners. Por delante le queda afrontar una condena de 5 años, mientras espera la respuesta del Gobierno de España a su solicitud de indulto y al recurso que está preparando su defensa ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Si el recurso se admite supondrá un posicionamiento crucial y la última esperanza del movimiento asociativo cannábico para legitimar legalmente, en la más alta instancia, la interpretación del consumo compartido y los derechos de los asociados de las asociaciones cannábicas y clubes cannábicos de autogestionar su consumo de cannabis.
“Al final nos han metido en el mismo saco que a los traficantes sin tener en cuenta que estábamos cultivando para un circuito cerrado, para autoconsumo, en un lugar que no hacía publicidad, donde no se dejaba entrar a menores, donde había médicos, psicólogos para controlar consumos de riesgo.” Declaraba Tió para ‘Público’ en una de sus últimas entrevistas.
“Estamos viendo que las asociaciones están perseguidas y en el momento que pueden aprovechar para entrar en alguna e imputarla y luego condenarla, lo hacen. Y ahora también a los bancos de semillas. ¿Qué será lo siguiente? ¿Los grows?” Señalaba indignado el activista.
La campaña Consumo con Derechos, celebró el pasado 10 de noviembre una rueda de prensa junto al activista cannábico y los demás miembros condenados de la asociación AIRAM, para exigir el indulto y denunciar la creciente criminalización del movimiento asociativo cannábico en los últimos años a la vez que reclamaban una regulación integral del consumo de cannabis.
La Persecución de las Asociaciones Cannábicas
Uno de los territorios en los que más se ha notado esta persecución que han sufrido las asociaciones cannábicas ha sido el de Islas Baleares. Debido a la proliferación de estas entidades en las islas y ante la falta de seguridad jurídica, la Fiscalía inició una persecución que se ha traducido en más de 25 intervenciones contra clubes cannábicos en Mallorca con más de 50 personas detenidas en los últimos cuatro años.
No obstante, esta persecución de las asociaciones cannábicas y clubes cannábicos no es una novedad, a partir de agosto de 2013, se pusieron en el punto de mira de la Fiscalía General del Estado, llegando a partir de 2015 los primeros posicionamientos del Tribunal Supremo, restrictivos, prohibicionistas y anacrónicos con la realidad social, hablamos de casos como el de ‘Ebers’, en Bilbao; ‘Three Monkeys’, en Barcelona, o el de ‘Pannagh’ del histórico activista Martín Barriuso, también en Bilbao.
Las resoluciones contra estas asociaciones en el Tribunal Supremo, inicialmente condenatorias, mutaron en absoluciones por error invencible en el Tribunal Constitucional, pero lo que no mutó un ápice fue el criterio claro de nuestro sistema judicial de que la actividad que realizan los Clubes Cannábicos y Asociaciones Cannábicas no es consumo compartido y no está dentro de la legalidad.
Estas intervenciones han instaurado la idea de que tras ellas, se esconde un afán ejemplarizante por parte de las administraciones, para tratar de frenar la regulación e instaurar el desconcierto entre usuarias, activistas y asociaciones cannábicas.
Sin embargo, el problema va más allá de una cuestión de libertades y derechos individuales. Más recientemente, el Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OEDCM), reclamaba durante el confinamiento por el Covid-19, una solución para los usuarios medicinales de las asociaciones cannábicas para poder acceder al suministro de cannabis que estos pacientes necesitan en calidad de bien esencial para su vida diaria. La falta de una regulación de estas entidades ha propiciado que los pacientes no tengan la posibilidad de abastecerse de cannabis durante la implantación del estado de alarma, y los que lo han conseguido, lo han hecho con más riesgo y con un encarecimiento importante de sus necesarios tratamientos.
Además, muchos de los socios trabajadores de estos clubes cannábicos y asociaciones cannábicas, al encontrarse en una situación irregular de indefensión, no han tenido posibilidad de acceder a ningún tipo de ayuda estatal ni ERTE desde que empezara la pandemia.
¿Cuándo llegará una auténtica Regulación?
A pesar de las distintas, Mociones, Proposiciones No de Ley e Iniciativas Legislativas Populares propuestas por diferentes organizaciones como Regulación Responsable, el Observatorio Español de Cannabis Medicional o la Confederación de Asociaciones Cannabicas entre otras, que instan a llevar a cabo avances legales en cuanto a la regulación del cannabis , ninguna iniciativa ha llegado a materializarse y suponer un verdadero cambio significativo.
Las asociaciones cannábicas y los clubes cannabicos continúan en una situación muy adversa jurídicamente, en la que el tiempo no corre a su favor, esperando una ansiada y justa regulación, mientras proliferan los países que ya han decidido plasmar en las leyes lo que ya es una realidad social.
Recientemente, Unidas Podemos anunciaba estar trabajando en una Proposición de Ley con el objetivo de regular de manera íntegral el cannabis en nuestro país. Según afirmaba Lucía Muñoz, como portavoz del partido en la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones en una entrevista publicada en El Confidencial, en esta futura ley se pretende dar un mayor peso a las asociaciones cannábicas y los colectivos que llevan años trabajando en el campo de la autorregulación. Entre los puntos principales del proyecto se encontraría el uso recreativo y medicinal, el auto cultivo y la regulación del mercado mediante licencias y lugares de venta.
Mientras tanto Albert Tió espera en prisión estos avances, con una actitud constructiva y admirable, convencido de que su terrible situación ayudará en los objetivos del movimiento cannábico: una regulación del cannabis integral, justa con las usuarias y la sociedad en su conjunto, que proteja a los menores y que genere riqueza y empleos en el conjunto del Estado.
Ante lo complejo de esta situación y con casi todo en contra, no cabe más que una reflexión de las distintas, empresas, activistas, usuarios y organizaciones que integran el ecosistema del activismo cannábico para afrontar unidas esta titánica tarea, la #UnionCannabica a todos los niveles es más necesaria que nunca, para que el aparato represivo no termine destruyendo un sector que ya creíamos consolidado.
Un abrazo y mucho animo para Albert y a todos los que corren el riesgo de entrar en prisión, esperando procesos judiciales por Cannabis.